Hoy en día en Venezuela vivimos una situación económica absolutamente precaria, con una inflación galopante y salarios de hambre, todo lo cual mantiene al país en una crisis permanente que es innegable.
Las medidas tomadas por el gobierno a todas luces resultan insólitas por lo torpes e inoportunas. Nicolás en cadena nacional ordena la intervención de una serie de empresas que venden electrodomésticos e igualmente ordena bajar los precios acusando a los dueños de las mismas de estar incursos en el delito de usura por el alza indiscriminada en los precios de los mismos.
Lo cierto es que dicha intervención de inmediato genera un caos en el colectivo, la gente comienza a agolparse frente a las tiendas intervenidas con la intensión de comprar los artefactos a precios de “gallina flaca”, lo grave es que como consecuencia del discurso irresponsable del gobierno la situación se les escapa de las manos produciéndose saqueos y situaciones de violencia en algunos de los establecimientos comerciales intervenidos.
Ante la situación, el Gobierno se pronuncia justificando los hechos acaecidos aduciendo que “la ofensiva económica que está desplegando el Gobierno Nacional contra la especulación y el acaparamiento no es ni la punta del iceberg” queriendo significar que harán muchas cosas mas de este talente para detener lo indetenible, un proceso inflacionario que no se revierte así no más y que requiere de medidas económicas serias, previo a un estudio realizado por profesionales expertos en el área de modo de no afectar a la población, que a la postre es a quien estas medidas le pegan en el bolsillo.
Debo apuntar que por más que así lo quieran, es imposible bajar la inflación por decreto, estas medidas tomadas de manera desesperada traerán como consecuencia más inflación y escasez de los artefactos porque generan una situación de inseguridad jurídica, en primer lugar porque es de todos bien sabido que no existe una ley que regule los precios de los electrodomésticos, de modo que regularlos de este modo de manera intempestiva, solo nos lleva a concluir que estamos frente a una arbitrariedad sin parangón del gobierno nacional, esto además de la situación de inseguridad económica que se genera en los comerciantes, a quienes se les ordena bajar los precios.
Llama la atención que según información publicada en Radio Nacional de Venezuela “La empresa, inicialmente denominada Daka de Venezuela y ahora Cyberlux de Venezuela, tramitó 4 mil 96 solicitudes de divisas y recibió autorizaciones por la cifra de 407 millones 799 mil 379 dólares durante el período de 9 años según lo refleja Cadivi en su portal web. Sólo en 2012 se le autorizaron más de 51 millones de dólares distribuidos en 263 solicitudes. La comercializadora, registrada en enero de 2004 en el estado Carabobo, recibió la extraordinaria suma a pesar de que su capital declarado es de apenas 100 millones de bolívares, según consta en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela. En dicho registro, que es requerido para negociar con cualquier organismo del Estado, Daka aparece como proveedor de PDVSA, la empresa venezolana de petróleo.” ¿Cómo es posible que una empresa que recibió durante 9 años más de 400 millones de dólares, registrada como proveedor de PDVSA nunca haya sido fiscalizada por el gobierno para verificar de qué forma habrían sido utilizados los dólares otorgados?. ¿Dónde quedan los mecanismos de control y supervisión que garanticen que los recursos de los venezolanos no sean asignados por el gobierno a empresas que se dedican a la usura y a la especulación?. ¿No se convierte el gobierno en cómplice de esta situación al ser el que controla a quien se le otorgan divisas y a quien no?. ¿Tendrá la empresa Daka algún nexo con el gobierno? Todas estas interrogantes deben ser respondidas por el gobierno quien es el que debe garantizar que las divisas de todos los venezolanos sean invertidas de manera responsable.
También llama la atención el ataque por parte gobierno solo a empresas privadas a las que ellos mismos le asignaron divisas durante casi una década y no haya una inspección a las empresas del gobierno encargadas de la importación de electrodomésticos incluso de automóviles, cuyos precios comparados con precios a nivel mundial presentan un 200% de diferencia aun cuando estas empresas si importan dichos artículos con dólares oficiales. La justicia debe ser para todos por igual.
Por otro lado, tenemos la acusación del presunto delito de usura en que están incursos los comerciantes dueños de estas tiendas, acusación que se hace de manera irresponsable sin siquiera garantizar el debido proceso o el derecho a la defensa, dejando perplejos a quienes nos formamos para defenderlo, a quienes nos resulta cuando menos increíble que no se investiguen las empresas previamente conforme al ordenamiento jurídico y la Ley.
Los saqueos simplemente son una consecuencia lógica del discurso propagandístico y poco serio del gobierno al tomar estas medidas de intervención, las autoridades de algún modo llaman a la gente a hacer justicia por sus propias manos, de nuevo como es usual, a través de un discurso de odio y rencor, generan caos y enfrentamiento todo lo cual resulta peligroso porque tienden a institucionalizarse estas prácticas como parte del accionar del pueblo y eso genera anarquía, arbitrariedad y violencia, cuando por el contrario es deber ineludible del Gobierno garantizar la paz, la tranquilidad, la calma y la armonía en la población.
En todo caso las autoridades no deben darle la espalda al delito jamás, los saqueos son hechos delictivos, actos vandálicos por demás bochornosos tanto para aquel que los comete como para el que los justifica y lógicamente deben ser sancionados con todo el peso de la ley.
El pueblo de Venezuela no es un pueblo de saqueadores, por el contrario es un pueblo noble y paciente, trabajador, inmerso en una profunda crisis económica, muy golpeado por la falta de medidas contundentes que detengan de algún modo la inflación, nuestro pueblo defiende el buen comportamiento, el estado de derecho, las buenas costumbres y el deber ser ,porque la gente está despertando para darse cuenta finalmente que los principios y los valores están por encima de cualquier otra consideración y no está dispuesta a dejarse manipular por quienes no buscan la felicidad del pueblo sino la propia. Los venezolanos somos amantes de la democracia y la paz, del progreso y en ese orden lucharemos hasta el final para derrotar la mentira y que triunfe la verdad!
María Auxiliadora Dubuc P.
Concejal de Baruta
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