miércoles, 18 de septiembre de 2013

LA HABILITANTE: CUESTION DE REGLA O DE EXCEPCION

La responsabilidad legislativa en Venezuela, corresponde a la Asamblea Nacional, de conformidad a lo establecido en el Artículo 187 de nuestra Carta Magna y le corresponde entre otras, legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional. Sin embargo, el artículo 236 de la misma Constitución Nacional (CN) le da al Presidente de la República como atribución en su numeral 8, la de dictar decretos leyes previa autorización de una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional.

Una Ley Habilitante, entonces, no es más que un cuerpo normativo de carácter constitucional que faculta al Presidente de la República a dictar decretos con rango y fuerza de Ley sobre las materias que la Asamblea Nacional expresamente le delegue y durante un lapso de tiempo que debe especificarse también de manera taxativa, todo de acuerdo a lo consagrado en el articulo 203 de la CN.



De allí que tenemos que la norma le da la posibilidad al Presidente de legislar, previa autorización de a quien le compete, es decir, de la Asamblea Nacional, y debe resultar sancionada por las tres quintas partes, a saber, un 60 por ciento de los miembros del parlamento (no de los presentes); se trata entonces de una excepción a la regla y de una delegación expresa y temporal que una mayoría contundente debe aprobar, cuando la urgencia del caso así lo requiere.

Durante este Gobierno se han otorgado poderes especiales a través de leyes habilitantes al Presidente de la República en 4 oportunidades. En 1999 se aprobaron 53 decretos leyes, en 2000 se aprobaron 49; en 2007, 59 y en el 2010 54. En ninguna de estas oportunidades se legisló de conformidad con la solicitud expresada en la Ley que corresponde, ampliando la competencia legislativa a áreas no contenidas en ella expresamente. 

En esta semana se reanuda el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, presidente en funcione, amenaza con consignar por ante el máximo organismo legislativo nacional un proyecto de Habilitante cuyo objetivo es “emprender acciones contra la corrupción y contra la guerra económica que hay contra el pueblo” presuntamente acompañado por el pueblo, apoyándose en una encuesta realizada por la empresa International Consulting Services en todo el territorio de Venezuela, según la cual el 71,5 por ciento de los venezolanos apoyan la propuesta. 

La pregunta que todos nos hacemos es: ¿Porque es necesario aprobar una ley habilitante para luchar contra la corrupción? es que en este país ¿no funciona la Fiscalía para investigar?, ¿no se denuncian los hechos de corrupción y el poder Judicial no sanciona a los culpables? Solicitar una habilitante es reconocer de algún modo que estamos en una situación de emergencia y en este sentido, el Presidente debe intervenir de inmediato en esa área para abordar un asunto cuyas competencias no le son propias. Más aun cuando personeros del Gobierno apoyan la tesis asegurando que esta Ley garantizara “respuestas certeras y apropiadas por parte del Estado”, respuestas que a decir de ellos no tenemos hoy en día los venezolanos. 

A decir verdad, para atacar el problema de la corrupción en el país, no se necesitan poderes especiales, mas bien generar una Ley con ese fin, ya es un acto de corrupción porque estaríamos de alguna manera justificando la desidia de las instituciones a quien compete investigar y sancionar este tipo de hechos delictivos. Para atacar el problema de la corrupción, se necesita tomar medidas contundentes en las instancias de poder que corresponde y sancionar a los culpables con todo el peso de la Ley. Es decir, el problema de la corrupción es de eficiencia en la gestión de Gobierno, porque el tema de la corrupción, tal cual asegura Henrique Capriles hay que “combatirlo no que debatirlo”. 

Igualmente esta propuesta de habilitante toca el tema económico directamente porque se trata igualmente de “emprender acciones en contra de la guerra económica que hay contra el pueblo”, caiga quien caiga”. Entonces aquí se abre el tema económico, de tal modo que el Presidente pueda a través de decretos, legislar en materia económica a su buen saber y entender legislar para resolver el tema. A todas luces, también entonces estamos en una situación de emergencia económica reconocida por el Gobierno Nacional, emergencia que según ellos no es su responsabilidad, sino que es producto de una guerra que genera la oposición. 

Mientras tanto, los venezolanos observamos preocupados como el país se desmorona frente a nuestros ojos, las instituciones del estado no cumplen con sus competencias. Nicolás luce angustiado solicitando que lo habiliten prometiendo asumir lo que los demás no asumen, dejándonos desconcertados a todos, en una suerte de desorden general que no tiene ni pies ni cabeza y que nos coloca una vez más a los ciudadanos, en una suerte de inseguridad jurídica insólita. Pero los venezolanos tenemos los ojos bien abiertos y esperemos que ésta Ley Habilitante, se considere en el Parlamento de manera responsable y dentro de los extremos consagrados nuestra carta magna, con la mayoría de los votos de los diputados que integran la Asamblea Nacional y tomando en cuenta el reconocimiento de la situación excepcional de emergencia por la q atraviesa el país en materia de corrupción y en materia económica. 

MARIA AUXILIADORA DUBUC 
CONCEJAL DE BARUTA 


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