jueves, 27 de junio de 2013

DIA DEL ABOGADO, SACERDOTES DEL TEMPLO DE JUSTICIA

“Derecho es todo aquello que se hace con rectitud, y justicia es todo aquello que se hace con la verdad”. (Anónimo). 

El domingo pasado se celebró, en nuestro país, el Día del Abogado. Una fecha importante para quienes ejercemos tan noble profesión, pero que resulta un tanto difícil ejercerla pues no se cuenta con un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, haciendo la tarea para decir lo menos, titánica. 

Se supone que los abogados somos los sacerdotes del templo de la Justicia, pues gracias a nuestra existencia es que el Estado no oprime ni maltrata a los ciudadanos, las viudas, los viejecitos, niños, huérfanos y adolescentes están protegidos; se supone que la gente mala duerme en la cárcel y nadie puede abusar, ni mucho menos, irrespetar el derecho de sus vecinos, es decir, el deber ser es buscar que haya paz y que se haga justicia en el caso concreto. 

Otros por el contrario, consideran que los abogados no pretenden realmente que se aplique la norma y en consecuencia, que se castigue al culpable, sino que todo se basa simplemente ayudar a su cliente, es decir, ganar el juicio y obtener el pago correspondiente por el trabajo realizado; porque para ese abogado, la justicia consiste en dar la razón a su cliente. Así, la labor de abogado se reduce a ganar pleitos y dinero, sin importar si se hace o no justicia en el caso concreto. 

Pero es que la forma de ejercer la profesión de abogado en Venezuela se ha convertido en una suerte de batalla campal diaria, una lucha por alcanzar hasta lo más sencillo, un recibo, una factura. Para nadie es un secreto y está a la vista de todos, cualquier día laborable del año, las largas y humillantes colas de gente que se forman a las puertas de los tribunales y oficinas públicas. El desprecio con el que muchas veces tratan allí a abogados y clientes, los funcionarios de turno, quienes atormentados por el gentío que espera, optan por dejar hacer y dejar pasar y algunas veces, dejar de atender los requerimientos que se les hacen en sus puestos de trabajo. 

Por ejemplo es todo un reto hoy en día, intentar inscribir una empresa o compañía o realizar algún tramite en cualquier Registro. Es necesario madrugar y comenzar a rogar al dependiente de turno que se le entregue al interesado lo que le corresponde y ser atendido de manera amable y eficiente, eso además de tomar en cuenta que lo más probable es que se perderá el día de trabajo completo, porque dependiendo del humor del funcionario 
podría ocurrírsele exigir recaudos adicionales, como por ejemplo, el título de bachiller o la partida de nacimiento del representante legal. 

Lo más insólito de todo esto, es que no pasa nada, pareciera que nos hemos acostumbrado o resignado a esta situación de mediocridad y de maltrato de algunos funcionarios públicos, quienes al parecer no están allí para atender o servir al público, sino para servirse de los cargos que ejercen. Son muchos los organismos competentes encargados de velar para que esto no ocurra, por ejemplo, cuando no hay despacho nunca en un Tribunal, o cuando por ejemplo no dan respuesta en algún registro por alguna solicitud durante meses, las denuncias son innumerables, sin embargo la situación sigue igual, todo igual, salvo la crisis, esa si que va en aumento. 

En realidad, el problema fundamental en Venezuela, es que estamos frente a un poder judicial donde no hay celeridad procesal; pero además es altamente costoso, corrupto y muy poco confiable, porque es que las leyes, principal herramienta de los abogados, se amoldan a los intereses de las personas que las aplican, como si fueran de plastilina. 

De tal manera que se forzan las más de las veces, para responder a los intereses del cliente y en ese sentido, la norma que establece que la ley se aplica de manera igual para todos, se convierte en letra muerta. Esto aunado al acceso restringido al poder judicial, el cual resulta muy costoso, porque además de pagar los honorarios del abogado, el ciudadano que accede debe costear altas sumas de dinero para pagar costas procesales, el sistema termina por convertirse en un inmenso agujero negro que todo lo traga, un terrible vía crucis. 

Pero es que en un país serio, las leyes y el ordenamiento jurídico se activan y funcionan para hacer justicia, que se apliquen a todos por igual, porque las leyes existen para aclarar confusiones en su aplicación y en realidad contienen una sola respuesta y una sola solución que se aplica al supuesto de hecho para resolver el conflicto. De tal modo que resulta absurdo buscar interpretaciones adicionales o resquicios a la Ley, para complacer gustos, ese no es el norte ni la intención de ningún legislador, la ley debe ser hecha por y para la gente, porque esa es la razón primigenia de todo sistema jurídico. 

Es cierto que en todo este panorama los jueces de la República llevan sobre sus hombres la carga de una tarea bien difícil y complicada, porque deben resolver aplicando la norma y hacer justicia en el caso concreto, ese es su fin, para eso están allí. Sin embargo, la realidad mortifica a todos, no existe seguridad jurídica, porque es que no quedan muchos jueces honestos y los pocos que quedan, tienen todo el tiempo una espada de Damocles sobre sus cabezas, porque en este país no hay autonomía ni independencia dentro del Poder Judicial y las decisiones, muchas veces por no decir que todas, son impuestas a los jueces desde otras instancias de poder. 

La responsabilidad en este momento que vivimos en el país recae entonces sobre nosotros, los abogados, porque somos los principales operadores de justicia. Es nuestra tarea fundamental rescatar el estado de derecho, el respeto a la Constitución y a las leyes y hacer un esfuerzo adicional para alcanzar una meta difícil en estos tiempos, la reconstrucción del poder judicial, porque el derecho lo hacemos y lo ejercemos todos los que de alguna manera, estamos envueltos como estamos en el mundo jurídico. 

Debemos contribuir y aportar todos los días nuestros conocimientos y nuestro raciocinio en el ejercicio profesional, de manera honesta, proba y eficiente. La situación nos exige ir más allá, avanzar más adelante, es nuestra responsabilidad histórica y nuestro compromiso con la patria, convertirnos en verdaderos garantes de la legalidad y de la justicia en el país, si de verdad queremos sinceramente recuperar y fortalecer la democracia y el estado de derecho. 

Maria Auxiliadora Dubuc 
Concejal de Baruta

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